12/6/2012
Hace diez días la marea verde obligó a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, a refugiarse en el edificio de Capitanía Militar con mensajes que alternaban la oposición a los recortes en la educación pública con los insultos y vejaciones personales. Unos días después, un grupo de mineros cercó a diputados autonómicos del PP y el PAR en la sede las Cortes, también a gritos que mezclaban la reivindicación del carbón aragonés con los denuestos.
Era predecible que la política de recortes llevada a cabo por los gobiernos central y autonómico diera lugar a movilizaciones sociales e, incluso, a que estas fueran de alto voltaje. Basta mirar lo que lleva meses sucediendo en Grecia para intuir hasta qué punto puede enturbiarse el clima social en España. Aún sabiendo que las situaciones de los dos países no son, a día de hoy, equiparables, es evidente que un país que camina hacia los seis millones de parados y que tiene a un veinte por cien de ellos sin cobertura pública alguna pone las condiciones para que, tarde o temprano, esos ciudadanos digan basta y lo hagan notar bien visiblemente.
Dicho esto no parece presentable que quienes, en defensa de sus legítimos intereses, salen a la calle para criticar a las instituciones o para reivindicar lo que consideran justo acaben atacando la libertad y los derechos de los demás –incluidos quienes gestionan a las instituciones– con la excusa de que están defendiendo los suyos. Ni siquiera en nombre de la democracia cabe esa perversión. Por eso, incluso estando cargados de razones, los mineros y la marea verde corren con este tipo de conducta el riesgo del descrédito social. Sin duda, eso es malo para ellos, pero lo es aún más para lo que dicen representar.
La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nos sorprendía a todos con el dato de que los bomberos era ahora mismo la profesión con mayor apoyo social, seguidos de los médicos y los profesores. Los funcionarios y los jueces ocupan los dos últimos lugares, es decir son las profesiones menos apreciadas o valoradas. Por suerte para ellos –nada casual, por cierto–, no se preguntaba por los políticos ni los banqueros.
En distintos momentos de la historia las crisis económicas han derivado en crisis políticas y, luego, en cambios institucionales. La crisis del Euro ya se ha llevado por delante a unos cuantos gobiernos democráticos, desde el de ZP al de Sarkozy. Está por ver si también acaba resquebrajando los cimientos de las instituciones y de algunos regímenes políticos. Grecia parece ir a la cabeza de esa carrera con la aparición de Syriza, un partido liderado por un político tan joven como su organización y que el domingo puede romper el bipartidismo del PASOK y Nueva Democracia, lo que supondría también poner el euro en el alambre (o ya en el suelo).
En España el desapego hacia las instituciones viene aumentando desde hace ya tiempo. No me parece casual que los ciudadanos suspendan al Gobierno, pero otorguen aún peor nota a la oposición. Este dato invita a la reflexión de la clase política, muy anclada desde hace años en la cultura de primar el interés del partido y la voluntad del jefe orgánico sobre el beneficio de los ciudadanos. Pero, también, debe hacer pensar a quienes zahieren con denuedo a las instituciones y a quienes las gestionan arguyendo una representatividad social que nadie les ha otorgado o que, si lo ha hecho, no ha sido para que la usen como ariete para defender sus intereses particulares.
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