28/6/2012
Un accidente en Garoña acabaría con 20.000 empleos directos en explotaciones agrícolas del Valle del Ebro
Zaragoza.- Un accidente nuclear en la Central de Garoña igual al ocurrido el 11 de marzo de 2011 en el reactor número uno de Fukushima afectaría a 100.000 hectáreas de regadío del Valle del Ebro con un valor de 4.000 millones de euros. La zona cuenta con 85.000 kilómetros cuadrados y 3,2 millones de habitantes que abastecen de alimentos a diez millones de españoles, lo que supondría grandes problemas de desabastecimiento para el país, a lo que se sumaría que Aragón produce la mitad de toda la carne de España.
Asimismo, se perderían 20.000 empleos directos y otros tantos indirectos en explotaciones agrícolas, unas 500 granjas, unas 300 empresas agroalimentarias, incluida la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.
Así lo ha denunciado este jueves el histórico ecologista Mario Gaviria, quien junto al responsable de Energía de Greenpeace, Carlos Bravo; el consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco; el ingeniero de Telecomunicaciones, Pedro Costa; y la concejal de CHA Leticia Crespo, han explicado las pérdidas económicas que supone un accidente nuclear, "mucho más elevadas que su beneficio, ya que sólo produce el 1,2% de la energía eléctrica y en España exportamos el triple".
Esto es lo que quieren dar a conocer mediante una campaña que llama a la movilización en contra de la decisión del Ministerio de Industria de revocar el cierre de Garoña, que estaba previsto para el 6 de julio de 2013. Se trata, han argumentado, de la central más obsoleta y "amortizada" de España, que fue diseñada para 25 años de vida y que ya lleva 41 años funcionando, asimismo, denuncian, hay problemas de grietas en el 70% de los tubos de refrigeración y en la vasija central de la instalación, pudiendo producirse un incidente "en cualquier momento".
Las acciones que pondrán en marcha no son ni manifestaciones ni concentraciones, es decir, que los actos públicos por el cierre de Garoña no serán la tónica, sino que Mario Gaviria liderará un grupo de 20 históricos ecologistas, abierto a nuevas incorporaciones, que ya en los años 70 lograron parar la instalación de 29 centrales nucleares en España, incluidas seis en Aragón y una en Tudela. Estos hablarán con cooperativas agrícolas, denominaciones de origen como la de Rioja así como con los accionistas de Iberdrola y Endesa (actuales dueños de Garoña) para convencerles de que las consecuencias económicas son muy graves para ellos. "Nunca imaginé que iba a defender a los accionistas", ha remarcado Gaviria, quien ha avisado de que podría ocurrirles lo mismo que a los de Tefco, la empresa encargada de Fukushima, quien quebró tras el accidente de 2011 y tuvo que ser nacionalizada.
Por otro lado, el responsable de Energía de Greenpeace, Carlos Bravo, ha asegurado que en estos momentos sólo los afectados de 10-15 kilómetros a la redonda de Fukushima han sido indemnizados por el Gobierno con 8.000 euros por persona, dejando fuera al resto de la circunferencia de afección. "Lo que ha dado lugar a multitud de suicidios entre los agricultores", ha incidido.
Y es que, según aseveran, las pérdidas que se reconocen por daños sólo ascienden a 1.200 millones de euros y 300 millones más que tendría que abonar el Gobierno de España. A este último ha acusado Bravo de "favorecer" los intereses de Nuclenor (Iberdrola y Endesa), en vez del interés general y económico de los aragoneses.
Asimismo, el colectivo ha anunciado que si el Gobierno revoca la decisión de cierre de la central nuclear de Garoña presentarán un pleito ante la Audiencia Nacional.
Los datos facilitados por el colectivo devienen de un estudio del Instituto Meteorológico de Austria, quien ha elaborado un modelo de dispersión de una nube radiológica con más de 500.000 escenarios posibles y que afectarían a Zaragoza. La fusión del núcleo, ha dicho el responsable de Greenpeace, se daría en ocho horas si la central situada en Burgos se quedase sin suministro eléctrico, además "no podría soportar ni siquiera un terremoto como el ocurrido en Lorca".
Por todo ello, todos y cada uno la han calificado de "peligro innecesario, ruleta rusa, inmmoral y criminal y alfombra roja para las nucleares".
Finalmente, el consejero de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, ha hecho un llamamiento a la unión de todos los grupos políticos y la sociedad para afrontar el reto de evitar que el Gobierno central lleve a cabo la prórroga de vida de Garoña hasta 2019.
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