3/8/2012

Zaragoza.- Más de 300 puestos de trabajo se destruirán por los recortes en la Ley de Dependencia en Aragón. La Comunidad se encuentra entre las cuatro más perjudicadas y dejará de recibir un cuarto del prepuesto acordado.
Así lo denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha presentado un informe sobre el impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia. Según se ha detallado en el mismo, “la cantidad de dinero invertida, inteligentemente, en servicios necesarios para las personas dependientes habría supuesto la creación de 850 puestos de trabajo”.
El director de la Casa de Amparo de Zaragoza, Gustavo García, quien ha colaborado en la redacción del informe, ha subrayado que “en Aragón se reducirán las ayudas en un 27%, lo que la sitúa sólo por detrás de La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha".
De esta forma, Aragón se vería afectada por dos frentes. El primero, por las reformas que el Gobierno ha realizado en relación con la Ley de la Dependencia, en el Convenio de Financiación con las comunidades autónomas y en los Presupuestos Generales del Estado. Y por otro lado, debido al Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012 en el que se fijó, entre otras medidas, la subida del IVA.
Por ello, la Comunidad dejará de recibir en este año 2012 más de catorce millones de euros de aportación estatal. Además, el Gobierno autonómico ahorrará más de doce millones de euros de su propia aportación, por lo que el conjunto de estas medidas arroja un saldo negativo de 2,14 millones de euros para Aragón.
El documento ha destacado que el impacto económico por persona con derecho reconocido (en cinco meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2012) será de 344,63 euros. Sólo los beneficiarios de Islas Baleares y Canarias se verán más perjudicados.
Ello también se une a la paralización de facto de la aplicación de la Ley en Aragón, con más de 9.000 personas con el derecho reconocido y sin recibir el servicio o la prestación que pudiera corresponderles, y al elevado componente de prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales.
El Observatorio también ha denunciado que, en el caso aragonés, “se depreciarán todas las atenciones a casi 30.000 personas y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en Servicios Sociales”.
García ha subrayando que la Ley de la Dependencia tiene el mismo rango que otras como las de tráfico, tributarias, financieras o urbanísticas. “Si como ciudadanos incumplimos una Ley somos sancionados, pero si el Gobierno de Aragón lo hace, como aquí claramente está sucediendo, no pasa nada”, ha indicado.
Como conclusión, García ha recordado que “además de la quiebra en la calidad de la atención de las personas que sufren situaciones límites, se están destruyendo también puestos de trabajo y un tejido empresarial muy dinámico en Aragón como es el de los cuidados, centros de día y atención domiciliaria”.
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